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A LEY MORDAZA se supera
Qualquer pessoa pode ser jornalista, sem exigência de diploma
Una propuesta de ley de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional en Venezuela busca dar carta abierta para que cualquiera pueda ejercer el periodismo sin necesidad de haber estudiado la profesión, además de intentar que se apruebe la creación de un organismo paralelo al Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

El debate que tiene lugar en estos momentos se suma a la estrategia hegemónica emprendida por el oficialismo en Venezuela desde el año 2003 cuando el Gobierno comenzó a extenderse sobre los medios.

El contenido ideológico de la nueva ley tiende a crear fisuras en el gremio periodístico, así lo ve Bernardino Herrera, profesor del Instituto de Investigaciones de la Comunicación en la Universidad Central de Venezuela (Ininco-UCV), quien observó que desde hace años "el oficialismo ha creado organismos paralelos para sembrar polarización. Sucedió con los sindicatos, los gremios, las clínicas y las universidades".

De hecho, el Colegio Nacional de Periodistas emitió un comunicado en el que rechaza el proyecto, que aseguran busca la desprofesionalización de la carrera de periodismo. “Detrás de la cortina de la protección a los usuarios de las redes sociales, su uso estaría sometido a la discrecionalidad de un órgano político”.

El comunicado aseveró que desde el Gobierno buscan “acabar con la independencia ideológica del periodista desde una visión impuesta”, por lo que exhortaron a todos los comunicadores, estudiantes y a los medios, a estar alertas ante lo que consideran “una nueva amenaza, que de concretarse, apuntalaría el control gubernamental”.

El analista considera además que el proyecto es “redundante”, pues 43 leyes que afectan el derecho libre a la información están vigentes en el país, según un informe del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice). “La autocensura es protagonista en Venezuela. En 2013 se registraron 287 casos reportados de violaciones a la libertad de expresión y en 2014 van 448”.
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La propuesta va más allá y restringe el derecho a la denuncia, pues de aprobarse el texto, no podría publicarse una noticia sin que la persona nombrada sepa de su contenido. “La idea es crear un monopolio comunicacional autocensurado”, manifestó.

Según el experto, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está sumido en una crisis de credibilidad, pues a pesar de tener el poder de la mayoría de los medios de comunicación, repiten los errores de las viejas naciones comunistas [repetir mentiras hasta que sean aceptadas como verdades]. "Sin embargo -acotó el especialista- no importa cuántas veces se repita una mentira, porque pierde su impacto cuando las personas encuentran otras alternativas para informarse”.

El proyecto no es nuevo en Venezuela. Para diciembre del año pasado, el diputado del PSUV, Julio Chávez, expresó que para 2014 estaba pendiente la revisión del Código de Ética del Periodismo, la Ley de Comunicación del Poder Popular y la Ley de Responsabilidad Social para la Radio y Televisión.

Marco Ruíz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), observó que el proyecto se inscribe en la línea política gubernamental de acallar a la oposición. “Responde a la necesidad del Gobierno de seguir alimentando su aparato propagandístico hasta hacer desaparecer cualquier gesto crítico”.

A su juicio, el proyecto protege a los burócratas y no a los ciudadanos. “El texto es contrario a la naturaleza del periodismo. Además, desde hace años, el Parlamento no deja a los periodistas acceder directamente a la información. ¿Cómo puede revisarse así el ejercicio de la profesión?”

El presidente del CNP, Tinedo Guía, advirtió el fin de semana que la propuesta nació viciada, pues hasta su contenido constituye un “mamotreto jurídico”. El dirigente vaticinó que el texto “representa una línea política emanada del PSUV para censurar. Si es avalado, caeríamos en anarquía informativa”.
Texto de Luis Carias T. publicado no DIARIO LAS AMÉRICAS, de Miami
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Mídia ‘corretamente’ amordaçada
Com 448 violações ao direito da livre expressão, em sete meses
La coordinadora de Expresión Libre Silvia Alegrett denunció 448 casos de violaciones a la libertad de expresión en lo que va de año en Venezuela. Aseguró que casi 62% de estos casos habrían sido cometidos por cuerpos de seguridad del Estado
La coordinadora de Expresión Libre Silvia Alegrett denunció este viernes ante el foro realizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad que en lo que va de año se han registrado 448 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, de los cuales 62% fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado.
La mesa de análisis se celebró con motivo de la propuesta de una “Ley de Comunicadores Sociales” que pareciera modificar la normativa para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Al análisis asistió la socióloga e investigadora de la asociación Espacio Libre, Gloria Salazar, y Luis Alfonso Herrera, especialista en Derecho Administrativo e investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice.
Allegrett indicó que la situación de los derechos de información en Venezuela es alarmante, a pesar de que el artículo 58 de la Constitución establece que la comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley.
Ratificó que existen restricciones ilegítimas que impiden su efectivo ejercicio. Por eso aún cuando no podemos decir que en nuestro país no hay libertad de expresión, sí podemos decir que está en peligro de extinción.
La coordinadora se refirió a la propuesta de ley de Periodismo que planteó el Gobierno como una ley que ni siquiera los mismos diputados conocen exactamente su contenido. Además, por ser un instrumento legal que toca un derecho humano, es de carácter orgánico y debe contar con las tres cuartas partes del Parlamento para ser aprobado. Resaltó el caso de la agresión a los periodistas del diario Últimas Noticias, que aún está impune o el cierre de RCTV.
La autocensura, la negación del acceso a los periodistas a cualquier fuente informativa oficial, las agresiones, la desinformación y la gran escasez de papel que está generando el cierre de medios en la capital y el interior del país, se suman al conjunto de medidas legislativas aprobadas para amedrentar y cercenar el derecho a la libertad de expresión y lograr una hegemonía comunicacional oficialista”, agregó Allegrett.
Luis Alfonso Herrera, abogado especialista en Derecho Administrativo criticó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inamisible el amparo interpuesto por miembros del partido Copei, en el que se le solicitaba que obligara al Ejecutivo a entregar las divisas necesarias para resolver la crisis de papel que viven los medios impresos.
Aseguró que la sentencia es muy grave porque los condena a seguir en esa situación de incertidumbre y ausencia de garantías para tener acceso regular, confiable y una tasa oficial específica a las divisas que necesitan para seguir operando, lo que trae como consecuencia que cada vez más medios impresos están desapareciendo o se reducen en cuanto al número de ejemplares, página y cuerpo. La gravedad también radica en que las alternativas que tienen los comunicadores sociales para poder informar, cada vez son menos.
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Radiografía
-Han sido aprobadas 43 leyes que afectan el derecho libre a la información.
-17 millones de venezolanos no tienen acceso a internet.
-31 corresponsales extranjeros fueron víctimas de agresiones y algunos estuvieron detenidos irregularmente.
-Más de 20 diarios de las provincias han dejado de circular de forma permanente o por periodos de tiempo, debido a la crisis de papel.
-470 páginas web fueron bloqueadas.
-Durante el periodo de protestas (febrero-abril) hubo intentos de bloqueo de las imágenes del twitter.
-Más de 2.600 cadenas de radio y televisión se han contabilizado hasta marzo de 2014.
Texto publicado no diário TAL CUAL, de Caracas
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'CALA A BOCA DELA!’
Investigam Nitu Pérez, por violação da LEY RESORTE
A solicitud de Conatel, el Directorio de Responsabilidad Social conoció del inicio de un proceso administrativo sancionatorio contra Radio Caracas Radio C.A. (750AM) por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Conatel decidió la apertura del proceso tras el análisis realizado por el sistema de monitorización de medios radioeléctricos del programa “Entre tú y yo con Nitu” -conducido por la ciudadana Nitu Pérez-, el cual determinó la necesidad de iniciar una investigación por presuntas y reiteradas violaciones a los derechos de los usuarios y usuarias de dicha emisora y al ordenamiento jurídico vigente en materia de responsabilidad social.
En la decisión se ordenó la suspensión temporal del mencionado programa, en tanto dure el procedimiento administrativo.
En la muestra tomada entre febrero y agosto del presente año del programa en cuestión se escuchan expresiones donde la mencionada ciudadana califica reiteradamente como “asesino, delincuente, dictador y narcotraficante” al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a otras altas autoridades, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; además, se describe al Estado venezolano como “narcoestado” y se acusa de “asesinos y malandros” a grupos sociales afectos al Gobierno Nacional, haciendo llamados a la audiencia del programa a combatirlos en las calles.
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En el programa de RCR, suspendido mientras se realiza la investigación, se escuchan frecuentes llamados de la comunicadora y sus invitados a desobedecer las leyes y mantener las protestas violentas, incluso se reiteran informaciones falsas y rumores sin presentar ningún tipo de pruebas. Todo ello, sin reparar en las consecuencias para la colectividad, y sin tomar en cuenta que el programa se transmite en horario todo usuario, lo cual hace a los niños, niñas y adolescentes, potenciales receptores de dichos mensajes.
Conatel analizará a través de la investigación iniciada si los mensajes emitidos en dicho programa y transmitidos por Radio Caracas Radio C.A. (750AM) pueden dirigirse a exacerbar los ánimos de la colectividad, hacer llamados al odio, fomentar conductas que pudieran alterar el orden público y/o al desconocimiento de las autoridades legítimas de la República.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 33 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, Radio Caracas Radio C.A (750AM), deberá abstenerse, a partir del día sábado 16 de agosto de 2014, de emitir el programa suspendido a través de la medida cautelar.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a lo previsto en los numerales 11 y 12 del artículo 19, en concordancia con el artículo 31 y numeral 2 del artículo 33, inició el procedimiento administrativo correspondiente, durante el cual Radio Caracas Radio C.A (750AM), podrá presentar sus alegatos, en estricto apego al derecho a la defensa y debido proceso que les asiste a la presunta infractora.
NOTICIAS24
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Seu nome para o GUINNESS RECORDS
Alfonso Espinosa: 47 anos ao frente do mesmo telediário
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El presentador ecuatoriano Alfonso Espinosa de los Monteros ha entrado en el Récord Guinness por sus 47 años y 83 días al frente del mismo informativo. El canal Ecuavisa nació en 1967, año en el que Espinosa entró a formar parte de la plantilla. Desde entonces ha dado muchas y diferentes noticias sobre su país y otros muchos, por eso su equipo de trabajo contactó con la organización y así agradecerle tantos años de esfuerzo como el presentador que más tiempo lleva ejerciendo el mismo cargo del mundo, Casi cinco décadas dedicadas a la comunicación y que, según Alfonso Espinosa, serán muchas más.
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Espinosa en el Récord Guinness por sus 47 años al frente del mismo programa
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IMPUNIDADE
As agressões contra mulheres jornalistas crescem mais de 20%
Tan solo el año pasado, 47 mujeres periodistas sufrieron algún tipo de violencia relacionada con su profesión en México. Los datos representan un 20,5% más que en 2012 y suponen la cifra más alta desde que existen registros, un salto cuantitativo desde las dos agresiones documentadas en 2002. En lo que resultó un acto crítico con los Gobiernos mexicanos, la Asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) dio a conocer este miércoles los resultados del segundo informe Impunidad. Violencia contra mujeres periodistas.
"El Estado mexicano está en deuda con la libertad de expresión y con las mujeres periodistas", aseguró Lucía Lagunes, directora de CIMAC. "No basta con que las periodistas dejen su entidad y lleguen a una ciudad donde tampoco se les protege", añadió.
Según el informe, el 56% de las periodistas violentadas en los últimos dos años eran reporteras y el 15,1% fotógrafas. Seis de cada 10 trabajaban en prensa escrita, dos en medios digitales y una en televisión. El 50% de ellas cubrían el área de política y en el 23% de los casos llevaban a cabo una investigación sobre corrupción. En el 64% de las denuncias se identifica al agresor como un funcionario público y ninguno de los casos llevados ante la autoridad en 2012 ha sido resuelto.
"Nuestra estructura política está diseñada desde una visión patriarcal que tolera la violencia contra las mujeres y contra las mujeres periodistas", afirmó Adriana Carmona López, abogada experta en género y consultora de CIMAC. "Es necesario poner en marcha medidas adecuadas, diferenciadas, que garanticen una vida libre de violencia. Esos mecanismos no existen. Por ejemplo, el [reciente] programa [nacional] para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no incluye un capítulo para la libertad de expresión y en los casos de agresiones contra periodistas las autoridades tienden a invisibilizar su trabajo".
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La periodista Lydia Cacho durante la presentación del informe
El Distrito Federal, con un 35%, concentra la mayor parte de las agresiones registradas en el período 2012-2013, si bien es cierto que en la capital del país -con un área metropolitana de 20 millones de habitantes- se concentran la mayoría de medios de comunicación. Veracruz, un estado considerado de los más peligoros para ejercer la práctica periodística y donde en febrero fue secuestrado y posteriormente asesinado Gregorio Jiménez, ocupa el segundo lugar, con el 17,4% de las agresiones. Le siguen Morelos (6%) y después Chiapas, Puebla y Oaxaca (5%).
El informe contiene el análisis jurídico de cuatro casos emblemáticos, entre los que figura el de la reportera Regina Martínez y el de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho. Regina Martínez era corresponsal del semanario Proceso en Veracruz y fue hallada muerta en su casa, después de haber sido asfixiada, en abril de 2012. "Yo conocí a Martínez después de una conferencia. Ella se me acercó y me contó que estaba amenzada, que no sabía qué hacer y que sus compañeros ya le decían: 'hasta pareces Lydia Cacho", contó la propia reportera. "Yo les respondí: Qué importa lo que digan los otros si puedes salvar la vida: grita a los cuatro vientos, habla con tus editores, busca redes de apoyo..."
En marzo de 2005, Cacho reveló la existencia de una red de pederastia y pornografía infantil con la publicación de su libro Los demonios del Edén. La investigación periodística causó un gran impacto en la opinión pública mexicana porque se refería a la participación de diversos personajes de las esferas políticas y ecómicas. El 16 de diciembre de ese mismo año fue detenida y desde entonces ha sido víctima de múltiples agresiones, incluida la sexual durante su arresto.
A lo largo de los últimos 11 años CIMAC documenta 187 episodios de violencia contra mujeres periodistas. Pese a lo denunciable de los datos, se encuadran en la tendencia general que caracteriza al ejercicio de la profesión en México. Casi cada día, cada 26,5 horas exactamente, un periodista es agredido en alguna entidad del país. Durante 2013, la organización Artículo 19 registró 330 agresiones contra reporteros, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación. Su estudio, presentado en marzo, revelaba también que en el 59,3% de los casos el responsable de la acción violenta era un funcionario público. En total, 50 periodistas, hombres y mujeres, han muerto en el país desde 2007.
Texto de Paula Chouza publicado no semanário PROCESO, de Ciudad de México
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